Estado de Derecho, Institucionalidad Democrática y Justicia

Justicia,
Estado de Derecho e Institucionalidad Democrática

Instrumentos Nacionales:

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela: Artículos:  2,5, 19, 20, 22, 25, 29, 30, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 60, 63, 68, 83, 112, 115, 116, 117, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 145, 254, 255, 256, 257, 263, 272, 328, 338, 339.

Instrumentos Internacionales:

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Artículos: 2, 6, 7, 9, 10, 14, 17, 19.

Obligaciones del Estado:

Las resumimos de la siguiente manera:

  1. Ceñirse al Principio de la Legalidad.
  2. Respetar la Separación de Poderes. Eliminar y evitar cualquier injerencia del Poder Ejecutivo sobre el Judicial y Legislativo.
  3. Cumplir con la normativa y principios relacionados con los medios democráticos de elección de autoridades y demás medios de participación popular en los asuntos públicos.
  4. Observar, garantizar y cumplir con el debido proceso.
  5. Reparar los daños causados por su actividad, mediante indemnizaciones expeditas e integrales. Así como adoptar medidas tendentes a la no repetición de actos lesivos a los derechos de las personas.
  6. Abstenerse de interferir en el disfrute de los derechos civiles, políticos, sociales y culturales de sus habitantes. Así como, impedir que otras personas interfieran en el disfrute de tales derechos e implementar medidas apropiadas con miras a lograr la plena efectividad de dichos derechos.

Contexto:

Desde el inicio de la Revolución Bolivariana se ha venido desarrollando una política sistemática destinada la concentración absoluta del Poder Público en el Ejecutivo Nacional, mediante la ejecución de una serie de acciones tendentes a eliminar los límites legales y controles naturales que el Estado de Derecho le impone al ejercicio del Poder Público a fin de que no transgreda los derechos ciudadanos. Esta política se ha desarrollado sobre los siguientes ejes: 1) la instrumentalización de los procesos electorales; 2) el desconocimiento velado de los resultados electorales que han sido contrarios a los intereses del Poder Ejecutivo, mediante la eliminación de competencias, recursos financieros y el acoso del resto de las autoridades públicas; 3) la subordinación del Poder Judicial al Poder Ejecutivo y su utilización como medio de control sobre el resto del Poder Público y los ciudadanos; 4) la eliminación de las potestades regladas, límites y procedimientos de control previstos en las leyes para limitar el ejercicio de la función pública y su sistemática sustitución por potestades discrecionales y conceptos jurídicos indeterminados; 5) la imposición de un modelo autoritario socialista, y; 6) el incumplimiento de las normas relativas al ingreso, permanencia y ascenso a la carrera administrativa y judicial, en aras de que los cargos de la Administración Pública estén ocupados por personas afines al Ejecutivo Nacional (sin importar su idoneidad, credenciales o aptitud personal para ocuparlos).

Todo ello ha traído como consecuencia un profundo irrespeto a los derechos ciudadanos, una creciente impunidad y la deficiencia generalizada en los servicios públicos que ha generado la grave crisis política, económica y social que hoy sufre Venezuela.

Principales problemáticas del derecho:

Considerando que en Venezuela existe una gran variedad de normas jurídicas que regulan prácticamente todos los aspectos de la vida y que muchas de ellas son bastante avanzadas y consagran conceptos muy progresivos en materia de derechos ciudadanos, podemos afirmar que el marcado deterioro del Estado de Derecho en Venezuela no tiene su causa principal en la inexistencia o contenido de las normas jurídicas, sino en la ausencia de su cumplimiento. Por lo tanto, el núcleo central de la solución al problema reside en concientizar a la población sobre la necesidad del cumplimiento del Derecho, el respeto a los demás y la exigencia a los órganos que ejercen el Poder Público para que ciñan su actividad al principio de la legalidad.

No obstante, desde una perspectiva netamente iuspositivista, encontramos que la indiscriminada y excesiva adopción de potestades discrecionales y conceptos jurídicos indeterminados a favor del Poder Ejecutivo Nacional, por parte de la legislación existente, constituye una de las mayores afrentas al Estado de Derecho. Toda vez que las mismas, al sustituir la voluntad de la ley por la de los hombres, generan corrupción, arbitrariedades, indefensión, falta de transparencia, dificultad de control judicial y una gran inseguridad jurídica. Lo que sin duda la sitúa como uno de los mayores problemas a resolver en cualquier agenda urgente sobre el tema.

En cuanto a las principales falencias del poder judicial en Venezuela podemos resumirlas en las siguientes situaciones:

  1. El poder judicial no está constituido de acuerdo con la Constitución.
  2. El poder judicial no está en capacidad de cumplir con sus funciones más básicas.
  3. El poder judicial ha sido el brazo ejecutor de los atentados a la democracia.
  4. El poder judicial ha cerrado todos los caminos institucionales a la disidencia.
  5. Y todo ello a pesar de que las respuestas a todo lo planteado se encuentran en la propia Constitución.

Acciones:

  1. Es imprescindible una reforma legislativa que modifique y sustituya las normas atributivas de Potestades Discrecionales y los Conceptos Jurídicos Indeterminados, por normas que contemplen potestades regladas.
  2. Establecer una normativa legal que garantice la transparencia administrativa.
  3. Profesionalizar la Administración Pública y el Poder Judicial, mediante la sustitución del personal no capacitado para el ejercicio de los cargos. Dando cumplimiento estricto a las normas jurídicas relativas a las carreras administrativas y judicial.
  4. Realizar campañas educativas masivas para concientizar a la población sobre la importancia del cumplimiento de las normas y la separación de poderes.
  5. Hacer efectiva la Responsabilidad Personal de los funcionarios públicos por los excesos, arbitrariedades y/o ilegalidades cometidas en el desempeño de sus funciones.
  6. Reparación a las víctimas de violaciones de DDHH.

 

APORTES CIUDADANOS:

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  • Morella Aranda Guzmán dice:

    He investigado, publicado y tengo experiencia en Justicia Restaurativa (como Juez de Paz) como complemento de la Justicia Penal, me gustaría participar también en este tema, junto al de Cultura de Paz.